La mayoría de entidades locales andaluzas suspenden en transparencia

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto números a una realidad que muchos sospechaban: la transparencia en la gestión de convenios locales anda lejos de ser ejemplar. El nuevo informe anual correspondiente a 2022 y 2023 revela que más de la mitad de las 894 entidades del Sector Público Local Andaluz no cumplieron con su obligación de remitir la documentación en los plazos marcados. En concreto, el 53,46 por ciento de los organismos fallaron en 2022, y la cifra subió hasta el 54,25 por ciento al año siguiente. Se trata de un incumplimiento masivo que impide conocer el estado real de la actividad convencional andaluza.

El documento no solo señala el absentismo en la rendición de cuentas, sino también la falta de rigor técnico. Se han detectado decenas de expedientes que deberían haberse enviado por superar los 600.000 euros en compromisos económicos y que simplemente no llegaron a la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Instituciones de Control Externo. Cuando por fin se envían, la calidad es desigual: faltan firmas electrónicas, se incluyen documentos que no son convenios originales o se envían duplicados que obligan a realizar ajustes masivos en los datos.

Las alegaciones presentadas por numerosos ayuntamientos y mancomunidades, incluidas en el informe, componen un retrato costumbrista de las dificultades administrativas de la región. La falta de personal, las vacantes en las secretarías, la sobrecarga de trabajo y la falta de formación técnica son los argumentos recurrentes que esgrimen los responsables locales para justificar su retraso. Muchos admiten el incumplimiento, pero lo achacan a una carencia estructural de medios que les impide estar al día.

La Cámara de Cuentas no se muestra especialmente transigente con las excusas y recalca que la transparencia es una exigencia legal, no una opción. Las recomendaciones son claras: es necesario fomentar la formación en manejo de datos, reforzar la supervisión desde los órganos de control interno y automatizar procesos para eliminar el error humano. La era del archivo en papel y la acumulación de carpetas debe dar paso a una gestión telemática que, según el informe, sigue siendo una asignatura pendiente en gran parte del territorio.

El informe final concluye con una advertencia seria: sin una remisión completa y a tiempo, la capacidad de los órganos de control externo para auditar la gestión de los recursos públicos queda seriamente comprometida. A partir de ahora, la prioridad es que los ejercicios más recientes se pongan al día, dejando atrás la acumulación de expedientes pendientes que ha marcado el periodo fiscalizado.