Garrucha bajo la lupa: caos contable y pagos sin control en 2022

El Ayuntamiento de Garrucha cerró el ejercicio 2022 con un agujero contable que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha calificado con dureza. El informe definitivo de fiscalización, recién publicado en el BOJA, destapa una gestión económica marcada por la ausencia de control interno, pagos sin cobertura contractual por valor de más de 7 millones de euros y una plantilla municipal que operaba, en gran medida, fuera de cualquier ordenación legal durante años.

La Cámara de Cuentas, encargada de auditar las cuentas, no ha podido emitir una opinión favorable. La falta de aprobación de la Cuenta General del municipio, una obligación que se arrastra desde 2016, ha impedido auditar la realidad económica con claridad. El interventor municipal, en sus alegaciones, ha atribuido este desorden a la carencia de medios y al régimen de acumulación en el que ha trabajado durante años, señalando que la falta de personal ha imposibilitado un control más exhaustivo de las nóminas y contratos.

Entre los hallazgos más graves destaca la gestión de los aparcamientos municipales. Durante una década, entre 2014 y febrero de 2025, el cobro de fianzas por el uso de mandos de acceso se realizaba en efectivo, sin estar previsto en ninguna ordenanza fiscal y sin que estos fondos fueran registrados en la contabilidad municipal. La Cámara de Cuentas cifra el caos contable en miles de euros que se han perdido en un limbo sin rastro, salvo un pequeño ingreso de 910 euros registrado a inicios de 2025.

La contratación pública tampoco sale mejor parada. Durante 2022, el Consistorio abonó más de un millón de euros a 23 proveedores sin seguir el procedimiento contractual legal, una práctica que, según el informe, se remonta a 2015. El Ayuntamiento reconoce ahora que ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias para estabilizar una plantilla que, en 2022, contaba con decenas de trabajadores en situación irregular, sin un Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado que diera soporte legal a sus retribuciones.

La respuesta del Ayuntamiento, plasmada en el documento de alegaciones, insiste en que la situación era fruto de una desorganización estructural histórica y de la falta de personal. Se han empezado a implementar nuevas herramientas informáticas, como el programa GESTIONA y el registro de jornada WCRONOS, para corregir el control horario y la fiscalización de las gratificaciones por servicios extraordinarios, las cuales, según el informe, se pagaban sin justificación horaria alguna.

La fiscalización deja claro que el reintegro de más de 14.000 euros efectuado por el interventor el pasado junio no cierra la auditoría. El informe subraya que el Ayuntamiento debe aprobar urgentemente su Relación de Puestos de Trabajo y normalizar sus procedimientos de recaudación para evitar que el descontrol presupuestario continúe en 2027.