UFD modernizará la subestación de Portodemouros en Vila de Cruces
La Xunta autoriza a UFD Distribución Electricidad a remodelar la posición 603 de la subestación de Vila de Cruces con una inversión superior a los 166.000 euros.
La subestación de Portodemouros va a experimentar pronto cambios en sus instalaciones de Vila de Cruces. La Xunta de Galicia ha dado luz verde a UFD Distribución Electricidad para que modernice la posición 603 de su parque de 66 kV, un movimiento que busca mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico en la zona.
Datos clave
- Presupuesto
- 166.991,65 €
- Plazo ejecución
- 8 meses
- Plazo puesta marcha
- 12 meses
- Recurso
- 1 mes
La obra, que cuenta con un presupuesto de 166.991,65 euros, se centra en sustituir transformadores, interruptores y otros elementos de protección que actualmente se encuentran en reserva. El plan, firmado por el ingeniero técnico industrial David Rabuñal Martínez, tiene fijado un plazo de ejecución de ocho meses desde que comiencen los trabajos.
La autorización administrativa llega tras completar los trámites con las instituciones locales y provinciales. Mientras que la Diputación de Pontevedra emitió un condicionado técnico favorable el pasado 9 de julio, el Ayuntamiento de Vila de Cruces no llegó a presentar alegaciones, por lo que el proceso ha seguido adelante según los plazos previstos.
Este proyecto se enmarca dentro de las necesidades de conexión eléctrica vinculadas a la Mina de Touro. Las nuevas instalaciones deberán cumplir con toda la normativa técnica y de seguridad vigente, incluyendo el reglamento de alta tensión que garantiza la estabilidad del servicio.
La empresa promotora tiene ahora doce meses para poner en marcha esta infraestructura desde la última autorización necesaria. Finalizada la obra, deberá solicitar la autorización de explotación ante el departamento territorial de la Xunta.
El visto bueno de la Dirección General de Planificación Energética y Minas es firme en vía administrativa, aunque permite recurso de alzada ante la Consellería de Economía e Industria. Los interesados disponen de un mes para interponerlo si consideran necesario cuestionar la resolución.
Los papeles ya están en orden.
La obra puede arrancar.
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