Reforma eléctrica en Vilagarcía: el nuevo centro de A Laxe
La Xunta autoriza a UFD la sustitución del centro de transformación de A Laxe por uno de mayor capacidad. La obra, que requiere expropiación, afecta a una parcela.
El centro de transformación de A Laxe, en Vilagarcía de Arousa, ha llegado a su límite. Tras años de servicio, la instalación se ha quedado pequeña para la demanda de la zona y la Xunta ha dado luz verde a UFD Distribución Electricidad para acometer una reforma necesaria. La obra, presupuestada en 142.124,88 euros, busca modernizar la red eléctrica en la parroquia de Arealonga.
Datos clave
- Presupuesto
- 142.124,88 €
- Ubicación
- Rúa Moreira, 46 (Arealonga)
- Plazo ejecución
- 12 meses
El plan contempla retirar el viejo equipo de intemperie y sustituirlo por uno compacto, más moderno y con mayor capacidad: de 250 kVA a 400 kVA. Para conectar esta nueva infraestructura, la empresa promotora instalará una línea subterránea de 338 metros que discurrirá por las calles Moreira y A Canteira.
El proyecto ha despertado el interés vecinal y no ha estado exento de tensiones administrativas. Un vecino presentó alegaciones al verse afectado por la ocupación de su parcela. Sus objeciones sobre la ubicación y el perjuicio económico fueron desestimadas, al concluir la administración que no existen alternativas viables que cumplan con la normativa urbanística municipal.
La resolución no solo autoriza la construcción, sino que declara la utilidad pública del proyecto. Esto habilita el procedimiento de expropiación forzosa sobre la propiedad afectada. La superficie total que cambiará de manos asciende a 16,81 metros cuadrados para la ubicación del nuevo centro, además de las servidumbres necesarias para el cableado.
La empresa promotora deberá realizar las obras en el plazo de doce meses, contados a partir de la última autorización administrativa necesaria. El mantenimiento y la seguridad de la instalación durante y después de los trabajos quedan bajo su responsabilidad directa.
La resolución oficial, firmada por la directora territorial de Pontevedra, Beatriz López, no agota la vía administrativa. Los interesados disponen de un mes para interponer un recurso de alzada si consideran que sus derechos han sido vulnerados en este proceso de modernización eléctrica.
La burocracia técnica es así de exigente.
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