La Generalitat activa 1.700 millones para grandes obras de movilidad

El Gobierno de la Generalitat ha puesto en marcha un plan de choque para renovar las infraestructuras de movilidad en Cataluña, apostando por la colaboración público-privada como vía para financiar proyectos que, de otro modo, se eternizarían en los cajones. El acuerdo, que se activa tras meses de consultas preliminares con el mercado, busca movilizar unos 1.700 millones de euros, sin incluir el IVA, mediante concesiones de obra pública.

La inversión se reparte en cuatro grandes ejes estratégicos. El más ambicioso contempla finalizar las nueve estaciones pendientes del tramo central de la L9 del metro de Barcelona y prolongar la línea L4 hasta La Sagrera, un proyecto que absorberá 380 millones de euros en su construcción más otros 170 millones destinados a reinversiones futuras.

La carretera C-16, a su paso entre Berga y Bagà, también recibe un tratamiento especial. Se proyecta su desdoblamiento y la implantación de un tercer carril reversible, una obra de 500 millones de euros que busca aliviar los colapsos de los viernes y domingos en el Berguedà. Además, se incluyen 350 millones para extender las carreteras 2+1 en los ejes del Ebro, el Litoral y Ponent.

Finalmente, el plan aborda la descarbonización con el despliegue de puntos de recarga ultrarrápida. La empresa pública CIMALSA capitaneará esta red, que prioriza áreas de servicio en la C-33, C-32, C-60, C-25 y C-16, con una inversión inicial prevista de 18 millones de euros.

Las obras no son un simple gasto.

El modelo elegido, que traslada el riesgo de construcción y explotación al sector privado, pretende evitar que estas actuaciones computen como deuda pública. La administración autonómica, a través de departamentos y entes como Ifercat o CIMALSA, se encargará de licitar y supervisar cada contrato, asegurando que los estándares de calidad y las condiciones técnicas se cumplan rigurosamente durante toda la vida de la concesión.