Vic reforma su Consejo de Convivencia y Seguridad tras el Pleno
El Ayuntamiento de Vic actualiza el reglamento del órgano que coordina la seguridad local. El texto definitivo ya ha sido publicado y establece cómo funcionarán sus sesiones y grupos de trabajo.
Vic estrena nuevas reglas para su Consejo de Convivència i Seguretat. El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde definitiva a la modificación de su reglamento interno, un paso administrativo que reordena cómo se sientan y debaten los asuntos de seguridad local los representantes municipales, cuerpos policiales, entidades vecinales y comerciales, junto a otros colectivos.
Datos clave
- Recurso
- 2 meses ante el TSJ de Catalunya
- Periodicidad
- Mínimo 2 sesiones al año
- Convocatoria
- 5 días hábiles de antelación
- Grupos trabajo
- Máximo 8 miembros
El órgano, que tiene su sede operativa en la Comissaria de la Guàrdia Urbana de Vic, mantiene su función de consulta y asesoramiento a la Regidoria. El texto ahora aprobado, que surge tras la resolución de alegaciones, detalla desde la periodicidad mínima de sus reuniones hasta el funcionamiento de los grupos de trabajo.
La composición del consejo es amplia y diversa. A la figura del alcalde como presidente se suman concejales, representantes de los grupos municipales, agentes cívicos, mediadores y agentes de la Guàrdia Urbana, además de los Mossos d’Esquadra. El reglamento también abre la puerta a la participación de las asociaciones de vecinos, comerciantes, la Universitat de Vic y entidades sociales, incluyendo una reserva rotatoria para organizaciones que defiendan los derechos LGBTI o la no discriminación.
El funcionamiento cotidiano del consejo se estructura en sesiones plenarias que deberán celebrarse al menos dos veces al año, siendo agosto un mes inhábil. Las convocatorias deberán enviarse con cinco días hábiles de antelación, incluyendo el orden del día y el borrador del acta anterior. Si el Plenario no logra el consenso, las decisiones se tomarán por mayoría de votos.
El reglamento también contempla la creación de grupos de trabajo específicos para temas concretos. Estos grupos contarán con un máximo de ocho miembros y un coordinador que actuará como enlace con el Plenario.
El texto ya es firme. Los interesados disponen de dos meses para interponer, si lo consideran oportuno, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Las reglas ya están claras.
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