Convenio de formación entre el IAAP y la Agencia de Gestión Agraria
Más de 1.600 empleados públicos ya han pasado por estos cursos online. El acuerdo garantiza la cesión de contenidos formativos para los próximos cuatro años.
Los empleados públicos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que no están sujetos al convenio colectivo tienen desde este mes de julio un nuevo marco para actualizar sus competencias. El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) ha renovado su colaboración con la Agencia, consolidando un intercambio de contenidos online que ya ha formado a 1.600 personas desde su inicio en 2018.
Datos clave
- Vigencia
- 4 años
- Partes
- IAAP y Agencia de Gestión Agraria
- Fecha de firma
- 26 de junio de 2026
- Coste
- 0 € (sin contraprestación)
La formación es obligatoria. El nuevo convenio, suscrito el 26 de junio de 2026, tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables por otro periodo idéntico. Su objetivo es evitar duplicidades y asegurar que el personal de la Agencia acceda a contenidos actualizados, tanto técnica como jurídicamente, sin coste económico añadido para ninguna de las partes involucradas.
El catálogo es amplio. Incluye desde competencias digitales básicas, como el uso de herramientas en la nube o redes sociales, hasta formación específica en gestión administrativa, igualdad de género, transparencia y protección de datos. También se contemplan cursos sobre el manejo del sistema GIRO o la normativa de la Ley de Función Pública.
El IAAP aporta los contenidos digitalizados y garantiza que sean de uso pacífico. Por su parte, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera asume la responsabilidad de gestionar el profesorado, las tutorías y la certificación de los cursos, además de informar cada año sobre el impacto real de las acciones realizadas.
Todo se vigilará de cerca. Se crea una Comisión de Interpretación y Seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, que se reunirá al menos una vez al año. Este órgano será el encargado de proponer actualizaciones, dar de baja los cursos que pierdan interés y resolver cualquier duda que surja en la interpretación del acuerdo.
El incumplimiento tiene consecuencias. Si una parte no cumple con lo pactado, la otra podrá emitir un requerimiento formal con un plazo máximo de dos meses para subsanar la situación. Si la desatención persiste, el convenio se entenderá resuelto y podría dar lugar a indemnizaciones.
La letra pequeña cuida los datos. El acuerdo incorpora un anexo específico sobre el tratamiento limitado de datos de contacto profesional, asegurando que el intercambio de información entre los responsables de la formación cumpla con la normativa de protección de datos vigentes.
El convenio ya está en vigor.
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