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El Plan Corresponsables ajusta su reparto: lo que aporta cada municipio

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La Junta de Andalucía publica el Anexo B completo tras un error en la convocatoria de 2026. Desglosamos los importes que recibe cada ayuntamiento y diputación.

El Plan Corresponsables, destinado a facilitar la conciliación familiar y laboral en toda Andalucía, acaba de actualizar su reparto de fondos. La Junta ha publicado una corrección de erratas en el Anexo B de su convocatoria de 2026, un documento que detalla cuánto dinero le corresponde a cada entidad local y, sobre todo, cuánto debe poner de su bolsillo.

Datos clave

Fondo total
14.424.000 €
Financiación Junta
Máximo 87,5%
Financiación Local
Mínimo 12,5%

El ajuste ha servido para incluir a la Diputación de Cádiz, que inexplicablemente aparecía en blanco en el texto original. Ahora, las cifras están claras para toda la comunidad: el fondo global asciende a 14.424.000 euros, de los cuales la administración andaluza aporta hasta un 87,5 por ciento, mientras que el resto corre a cargo de los ayuntamientos y diputaciones participantes.

La financiación no es un regalo completo, ya que las entidades locales deben garantizar una cofinanciación mínima del 12,5 por ciento del coste total del proyecto. Esta norma es inamovible, incluso si el ayuntamiento en cuestión recibe fondos de otras subvenciones o cobra tasas por los servicios prestados a los vecinos.

Los importes varían enormemente según la población de cada zona, desde los 1.153.793,68 euros de coste total para la Diputación de Granada, la cifra más alta de la lista, hasta los 23.791,36 euros del Ayuntamiento de Cabra, en Córdoba.

El desglose abarca decenas de municipios, incluyendo capitales como Sevilla, que gestiona un proyecto de 871.972,91 euros, o Almería, con 289.642,74 euros. Cada entidad tiene sus propios márgenes, pero todas comparten el mismo objetivo: poner en marcha recursos de cuidado que faciliten la vida a las familias andaluzas.

Es importante tener en cuenta que las cifras publicadas en este anexo son cálculos ajustados al máximo de la subvención autonómica. Si un consistorio decide destinar menos dinero del máximo permitido por la Junta, el coste total del proyecto se recalculará, pero la obligatoriedad de aportar ese 12,5 por ciento mínimo por parte del ayuntamiento permanece intacta.

La transparencia ha ganado terreno con esta corrección. Ya no hay huecos en blanco.

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