Massamagrell estrena ordenanza del agua: tarifas y nuevas normas

Massamagrell ya tiene nuevo marco legal para el agua. El Ayuntamiento ha publicado la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, un texto que entra en vigor tras superar el periodo de exposición pública sin recibir ni una sola reclamación.

La normativa, que deroga las disposiciones anteriores, establece que el pago de las tasas nace con la contratación del servicio o al detectar un uso irregular. Los recibos se facturarán de forma trimestral, aunque la empresa gestora podrá proponer cambios de periodicidad según el consumo de cada abonado. La cuota de suministro de agua potable varía según el calibre del contador y el uso, con precios que arrancan en 3,111 euros al mes para los calibres más pequeños (hasta 13 mm).

Los fraudes en el suministro tienen ahora una hoja de ruta clara para la administración. La empresa gestora podrá suspender el suministro tras notificarlo con 15 días naturales de antelación, tiempo durante el cual el abonado puede presentar alegaciones. El cálculo del volumen defraudado no será una estimación al azar: se basará en el caudal de referencia del contador multiplicado por el tiempo estimado del engaño, fijado normativamente en tres horas de uso diario.

El despliegue de cifras en los anexos es exhaustivo. Una acometida de saneamiento básica de hasta un metro cuesta 752,409 euros, mientras que la hora de brigada está valorada en 97,920 euros. Las tarifas de conservación de contador, por su parte, se sitúan en 1,534 euros al mes para los modelos de hasta 15 mm.

El documento también regula la responsabilidad solidaria de las facturas. Si se detecta un uso compartido en edificios sin contador individual, la comunidad de propietarios será la obligada al pago principal. Los administradores de sociedades en quiebra o cese de actividad responderán de forma subsidiaria ante posibles deudas.

Las tarifas están sujetas a revisiones anuales o extraordinarias mediante acto administrativo. El pleno municipal delegó en la Junta de Gobierno Local la potestad de aprobar estas actualizaciones cuando se basen en fórmulas o índices oficiales, agilizando así la burocracia técnica.

La inspección es total. El personal autorizado puede visitar fincas para tomar muestras y verificar el estado de las instalaciones. Deben ir siempre identificados.

Todo es transparente. El texto publicado en el boletín incluye además las tarifas de inversiones, que serán de aplicación a partir del 1 de octubre de 2026, fijadas en 1,750 euros al mes. Los precios detallados no incluyen el IVA, que se añadirá según la legislación estatal vigente.