Almàssera pone en marcha su nueva ordenanza de agua y alcantarillado

Los recibos del agua en Almàssera cuentan desde esta semana con una nueva ordenanza que pone orden en la facturación y regula, entre otros aspectos, el desembarco de los contadores inteligentes. El Ayuntamiento ha elevado a definitivo el acuerdo tras un proceso en el que no se presentaron alegaciones, lo que permitirá poner en marcha el nuevo sistema de gestión de prestaciones patrimoniales no tributarias.

La normativa detalla cómo se computarán los consumos bajo el nuevo régimen. Por ejemplo, en caso de que una avería impida la lectura del contador o de que la vivienda se encuentre cerrada, el consumo se calculará tomando como base el periodo equivalente del año anterior. Si no existieran datos históricos, se aplicará el promedio de los últimos seis meses, y como último recurso, se facturará el consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por treinta horas de uso mensual.

La gran novedad técnica es la implantación de la telelectura. Según establece el texto, el coste de instalar estos contadores inteligentes en la red correrá íntegramente a cargo de la empresa concesionaria, sin que el abonado o el propio Ayuntamiento deban pagar por el aparato o su puesta en servicio. Los datos de consumo serán de titularidad municipal y el software de gestión deberá permitir el acceso constante de los técnicos del consistorio.

El desglose de los costes de mantenimiento, que ya figura en el anexo de la norma, separa la cuota de mantenimiento de la telelectura del coste de amortización del equipo. Para un contador estándar de 13 o 15 milímetros, la tarifa resultante de ambos conceptos se sitúa en 2,147 euros mensuales. En el extremo opuesto, para los contadores de mayor capacidad de 200 milímetros, el coste total por estos conceptos asciende a 266,134 euros al mes.

La ordenanza también especifica que, si un usuario no dispone de un emplazamiento adecuado para instalar el nuevo contador, no sufrirá recargos ni duplicidades en la tarifa. En estos casos, se descontará el importe del aparato de la liquidación de la obra de instalación y se concederá un plazo prudencial para que el abonado pueda adaptar su acometida a las nuevas exigencias técnicas.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento deroga todas las normas anteriores que regulaban el servicio de agua y alcantarillado, incluyendo la antigua ordenanza fiscal de 1998. La nueva normativa entrará en vigor en un plazo de quince días hábiles contados a partir de su publicación oficial.