La Diputación de Valencia reparte 1,3 millones contra la violencia de género

La Diputación de Valencia ha terminado de poner nombre y apellidos a las ayudas de 2026 destinadas a la red de municipios protegidos contra la violencia de género. El desembolso total asciende a 1.330.717,19 euros, una inyección que llegará a ayuntamientos y mancomunidades de toda la provincia para financiar sus actividades de prevención y atención.

El reparto es amplio, con beneficiarios que van desde pequeños pueblos hasta grandes núcleos urbanos. La cuantía máxima concedida a un ayuntamiento ha sido de 16.164,34 euros para Catarroja, seguido muy de cerca por Massanassa con 15.494,52 euros. En el otro extremo, encontramos cantidades más ajustadas, como los 786,50 euros asignados a Benirredrà o los 1.518 euros para Llocnou d'en Fenollet.

No todos han tenido la misma suerte en esta convocatoria. El boletín oficial detalla en su anexo II las solicitudes desestimadas, donde figuran nombres como Gilet o Real por no estar adheridos a la red ni haber presentado solicitud de adhesión a tiempo. Otros, como Albal o la Mancomunidad Ribera Baixa, han quedado fuera por no alcanzar la puntuación técnica requerida en el baremo de valoración.

Las mancomunidades también juegan su papel en este tejido de protección. La de la Ribera Alta se lleva el importe más alto de su categoría con 34.500 euros, mientras que la de Servicios Sociales AMABS recibe 28.200 euros. Entre los consorcios, destaca la aportación de 20.000 euros para el Pacte Nord, destinado a la creación de empleo como vía de escape frente a situaciones de vulnerabilidad.

La resolución ya es firme y agota la vía administrativa. Quienes no estén conformes con la denegación o con el importe asignado tienen un mes de plazo para interponer un recurso de reposición. Alternativamente, pueden acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en los juzgados de Valencia, con un margen de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

El control es riguroso. La justificación de los gastos deberá acreditarse ante la corporación provincial siguiendo las bases establecidas. Es el único camino posible. La Diputación no perdona plazos.

Los beneficiarios tienen ahora el balón en su tejado. Deben ejecutar las actividades subvencionadas y documentar cada céntimo gastado para mantener la financiación intacta. Cada euro cuenta.