Ocho plazas de actividades domésticas en la Diputación de Sevilla

Si has echado tus papeles para optar a una de las ocho plazas de personal de actividades domésticas en la Diputación de Sevilla, ya puedes comprobar si tu nombre está en la relación de admitidos que acaba de ver la luz. El proceso, enmarcado en las ofertas de empleo público de 2023 y 2024, ha alcanzado un punto de no retorno con la publicación de la lista definitiva, que incluye a 691 aspirantes.

La cita para el primer examen es el próximo 27 de junio de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, el edificio de Fibes en la Avenida Alcalde Luis Uruñuela. La hora exacta de la convocatoria se comunicará próximamente a través de la sede electrónica de la institución, así que es fundamental mantenerse alerta a los anuncios venideros en ese canal para no perderse el turno.

El tribunal que juzgará las pruebas ya está constituido, con Juan Carlos Diosdado Fernández a la cabeza como presidente, acompañado por los vocales Rafael Galiano Ruiz, Ana M.ª Ortega Poza y Nuria Casaus Galindo. El secretario general, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, ha dado fe del listado y de las condiciones para el día de la prueba, donde será obligatorio presentarse con el DNI original y bolígrafo azul o negro.

No todo ha sido un camino de rosas para los aspirantes. El expediente recoge 31 exclusiones definitivas, la mayoría por no haber firmado la solicitud, aunque hay casos concretos donde faltaba la justificación para la bonificación de las tasas de examen o, directamente, el abono de los derechos de participación. Para quienes siguen en la carrera, la superación de este primer ejercicio es clave, pues de aquí saldrá la bolsa de empleo provisional que se constituirá una vez se agoten las actuales.

Si te encuentras entre los admitidos, el 27 de junio será el día para demostrar la valía en la primera prueba. Contra esta resolución, que cierra la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, aunque el objetivo de la gran mayoría es ahora mismo centrarse en el examen del Palacio de Congresos.