Oñati ya es zona tensionada: así cambian los límites al alquiler

Oñati ya es, oficialmente, zona de mercado residencial tensionado. El Gobierno Vasco ha publicado la orden que confirma esta declaración, una medida que llega tras la solicitud planteada por el propio Ayuntamiento de Oñati el pasado mes de marzo. El objetivo declarado es frenar la escalada de precios y garantizar el acceso a una vivienda digna en el municipio.

La vigencia de esta declaración es de tres años. Durante este tiempo, el mercado inmobiliario local queda sujeto a nuevas reglas de juego, especialmente para aquellos arrendadores que operan con un volumen importante de inmuebles. Ser gran tenedor en Oñati implica ahora una definición clara: se considera como tal a toda persona física o jurídica titular de cinco o más inmuebles residenciales, o que sume una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, excluyendo siempre garajes y trasteros.

Para los nuevos contratos de alquiler, la norma impone límites claros. Si el inmueble ya estuvo alquilado en los últimos cinco años, el precio no podrá superar la renta del contrato anterior, una vez aplicada la actualización anual. Si no ha existido contrato reciente, el precio se ajustará al sistema de índices de referencia. Estas limitaciones también alcanzan a los inmuebles que no hayan tenido contrato en el último lustro, siempre que así se detalle en la resolución ministerial correspondiente.

El procedimiento ha superado todos los trámites, desde la memoria justificativa hasta el periodo de información pública, en el que no se presentaron alegaciones. La declaración se basa en la concurrencia de un riesgo especial de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente, un desequilibrio que el Gobierno Vasco pretende corregir con este nuevo plan específico.

Quedan fuera de estas limitaciones las viviendas que sean titularidad de administraciones públicas o de sus entes instrumentales. Las normas son estrictas. La administración busca controlar la evolución de los precios mediante este marco de intervención.

La orden, firmada por el consejero Denis Itxaso, agota la vía administrativa. Quien desee presentar un recurso potestativo de reposición dispone de un mes, mientras que el plazo para acudir a la vía contencioso-administrativa es de dos meses.