Fortuna reajusta su presupuesto de 2026 con 70.308 euros
El Ayuntamiento de Fortuna ha dado luz verde definitiva a una modificación presupuestaria que mueve más de 70.000 euros para cubrir gastos de personal y seguridad social.
El Ayuntamiento de Fortuna ha cerrado los números de su última modificación presupuestaria, un ajuste contable que afecta a prácticamente todas las áreas de gestión municipal. La alcaldesa, Catalina Herrero, ha ratificado esta reordenación de partidas, que se financia casi en su totalidad retirando dinero del fondo de contingencia del municipio.
Datos clave
- Importe
- 70.308,53 €
- Origen
- Fondo de contingencia
- Recurso
- Contencioso-administrativo (2 meses)
- Alcaldesa
- Catalina Herrero
La inyección de capital alcanza un total de 70.308,53 euros. Este suplemento de crédito busca cubrir desajustes en nóminas y seguridad social, una constante en el desglose de los gastos que aparecen en el expediente. Los servicios municipales con mayor peso en esta inyección son los centros de servicios sociales, incluyendo el personal adscrito a los servicios conocidos como CERS, que recibe algo más de 16.000 euros extra para su gestión y seguridad social.
El documento refleja incrementos en casi todos los departamentos, desde las brigadas de vías públicas y medio ambiente hasta la tesorería e intervención. El personal laboral fijo y temporal, junto con sus correspondientes cuotas de seguridad social, son los grandes protagonistas de esta redistribución, sumando pequeñas cantidades en decenas de aplicaciones presupuestarias diferentes.
La financiación de estos cambios no ha requerido buscar ingresos externos, sino que se ha extraído directamente del fondo de contingencia municipal. Este fondo pasa de los 156.169,39 euros que tenía consignados originalmente a los 85.860,86 euros finales, tras el trasvase de los 70.308,53 euros necesarios para equilibrar las cuentas.
La aprobación del expediente es definitiva tras haber superado el periodo de exposición pública sin recibir reclamaciones vecinales. Para quienes deseen discrepar de este movimiento, la vía judicial permanece abierta con un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el órgano correspondiente.
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