Casabermeja estrena tasas para los puntos de recarga eléctrica

Los conductores que necesiten cargar sus vehículos eléctricos en Casabermeja ya tienen un marco normativo definitivo. El Ayuntamiento ha publicado la ordenanza que regula el uso de los puntos de recarga integrados en la red provincial, estableciendo tanto el coste del suministro como el comportamiento que se espera de cada usuario en estas plazas reservadas.

El precio fijado para la energía es de 0,25 euros por cada kWh. A esta cifra hay que añadir una penalización para quienes conviertan el cargador en un parking privado: a partir de los 30 minutos siguientes a la finalización de la carga, el usuario deberá abonar 0,1 euros por cada minuto de estacionamiento adicional.

Las plazas tienen tiempos máximos de permanencia según la potencia del equipo. Los cargadores más rápidos, de 50 kw o más, limitan la estancia a dos horas, mientras que los de menor potencia, inferiores a 11 kw, permiten hasta ocho horas. En todos los casos, el coche debe retirarse media hora después de que termine el proceso de carga.

El incumplimiento de estas normas sale caro. Las sanciones se gradúan según la gravedad de la conducta, empezando por los 100 euros para faltas leves, como ocupar una plaza sin cargar o no recoger el cable al terminar. Una infracción grave, como dañar negligentemente el equipo o exceder el tiempo máximo de aparcamiento, sube la multa a 200 euros.

Las faltas muy graves alcanzan los 500 euros, acompañadas de la prohibición de usar el servicio durante tres meses. Entre estas conductas sancionables figuran el uso fraudulento, la sustracción de componentes o impedir intencionadamente la recarga de otro conductor durante todo el periodo de reserva.

La ordenanza es estricta. La vigilancia corre a cargo de la Policía Local.

El sistema de gestión se centralizará a través de las aplicaciones móviles y plataformas web habilitadas para la red provincial, donde el usuario deberá identificarse para iniciar la carga. Los vehículos de titularidad municipal quedan exentos de este precio público.

El Ayuntamiento aclara que no se hará responsable de fallos técnicos ni de actos vandálicos que impidan el suministro. La normativa entrará en vigor de forma plena una vez transcurridos quince días desde esta publicación oficial en el boletín.