Cinco nuevos nombramientos directivos en la Consejería de Presidencia
La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha resuelto su última convocatoria de libre designación. Cinco funcionarios ocupan nuevos cargos y una plaza queda desierta.
El organigrama de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local experimenta desde esta semana varios movimientos. Tres resoluciones publicadas en el boletín oficial confirman el nombre de los funcionarios que ocuparán cinco puestos clave mediante el sistema de libre designación, un proceso que también ha dejado una vacante por cubrir.
Datos clave
- Quiénes asumen
- Mónica Rodríguez, Antonio Piñeiro, Manuel Lázaro, María Callejo y Marta González
- Plazo posesión
- 3 días tras el cese
- Puestos vacantes
- 1 puesto declarado desierto
Cinco profesionales asumen nuevas responsabilidades. El listado incluye a Mónica Rodríguez, que pasa a ocupar la jefatura del área de gestión de personal funcionario, y a Antonio Piñeiro, nombrado jefe de la unidad técnica de gestión de personal. También se incorpora Manuel Lázaro como responsable del servicio digital y web.
Completan los nombramientos María Callejo, al frente del servicio de gestión de seguridad social, y Marta González, como técnica de apoyo en el comisionado del gobierno para la atención a las víctimas del terrorismo. Todas las plazas son de grupos A o B, con complementos específicos que oscilan entre los 29.304,60 y los 42.716,04 euros anuales.
No todos los puestos han encontrado ocupante. La convocatoria para el servicio de personal de la dirección general de recursos humanos y relaciones con la administración de justicia ha sido declarada desierta.
Los nuevos responsables tienen ahora tres días para tomar posesión de sus destinos. Ese plazo comienza a contar desde el cese en sus anteriores funciones, salvo que existan permisos en vigor que obliguen a retrasar el trámite.
Contra estas resoluciones cabe recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes. Quien prefiera la vía judicial dispone de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Madrid.
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