Pinardi gestionará la reinserción de menores por 1,3 millones de euros
La Agencia para la Reeducación del Menor Infractor adjudica a la Federación Pinardi el contrato de servicios de mediación y medidas extrajudiciales por más de 1,3 millones.
La Federación Plataformas Sociales Pinardi ha cerrado un contrato con la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. El acuerdo, formalizado oficialmente el 27 de julio de 2026, tiene como objetivo garantizar la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad y la realización de reparaciones extrajudiciales para jóvenes en el marco de la Ley Orgánica 5/2000.
Datos clave
- Importe total
- 1.338.552,55 €
- Adjudicatario
- Federación Plataformas Sociales Pinardi
- Fecha formalización
- 27 de julio de 2026
- Recurso especial
- 15 días hábiles
La adjudicación se resolvió por un importe total de 1.338.552,55 euros. Se trata de la cifra definitiva tras un proceso de licitación abierto donde Pinardi fue la única entidad que presentó oferta. Los servicios contratados se extenderán bajo la supervisión de la Agencia, encargada de la protección social del menor en la región.
El pliego de condiciones establecía una ponderación de 49 puntos para la oferta económica y 51 puntos para criterios cualitativos, incluyendo tanto juicios de valor como fórmulas automáticas. La entidad ganadora, una pyme con sede en Alcobendas, cuenta con experiencia previa en el ámbito social.
El contrato, que ya ha sido objeto de anuncios previos en el Diario Oficial de la Unión Europea durante los meses de enero y mayo, es una pieza clave en la gestión de la responsabilidad penal de los menores en la Comunidad de Madrid. No hay subcontrataciones relevantes detalladas en el anuncio de formalización.
Cualquier interesado que desee recurrir esta adjudicación tiene dos vías. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid permite un recurso especial en el plazo de 15 días hábiles. Por otro lado, la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dispone de un margen de dos meses.
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