La reforma del Tribunal Constitucional cambia de gestor en Madrid

El Tribunal Constitucional va a ver cómo su sede de la calle de Doménico Scarlatti crece en Chamberí. Lo que parece un simple trámite administrativo es, en realidad, un movimiento de piezas en el organigrama municipal que busca agilizar la licencia de obras para la reforma integral del edificio.

Hasta ahora, la competencia para autorizar este tipo de proyectos en el distrito residía en la Junta Municipal de Chamberí. Sin embargo, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha decidido que la complejidad y la singularidad de esta ampliación requieren otra mano. La gestión pasa ahora a la Dirección General de la Edificación, que depende del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

El cambio tiene una justificación técnica clara. Los servicios de la Subdirección General de Licencias llevan reunidos con este proyecto desde el año 2019. Consideran que, dada la naturaleza institucional del edificio y su envergadura, el equipo que mejor conoce los antecedentes debe ser el mismo que firme los permisos.

El edificio actual, un conjunto de tres cuerpos troncocónicos con siete plantas sobre rasante, necesita actualizar sus prestaciones para adaptarse a las exigencias funcionales del Tribunal. La reforma, promovida por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, cuenta ya con un estudio de detalle aprobado el pasado 21 de julio.

Al tratarse de una parcela de titularidad estatal y carácter demanial, la norma es estricta: ninguna entidad colaboradora urbanística puede intervenir en el proceso. Todo queda en manos municipales, bajo el mando de Urbanismo.

La decisión fue adoptada el 3 de septiembre de 2026. A partir de ahora, cualquier duda, consulta urbanística o trámite relacionado con esta obra específica deberá dirigirse a los técnicos de la Dirección General de la Edificación.

Los cambios ya están en vigor. La burocracia se ha movido.