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Agencia Provincial Tributaria de Huelva·Boletín Bien de la Provincia de Huelva,

Santa Bárbara de Casa delega la plusvalía a la Agencia Tributaria

El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa formaliza un nuevo convenio con la Agencia Provincial Tributaria de Huelva para gestionar el impuesto de plusvalía.

Santa Bárbara de Casa ha decidido apretar las tuercas a su gestión tributaria y lo hace delegando la patata caliente de la plusvalía municipal a la Agencia Provincial Tributaria de Huelva (APTH). El convenio recién formalizado busca que el organismo provincial se encargue de todo el ciclo de vida de este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: desde la liquidación inicial hasta la recaudación ejecutiva si alguien se despista con los plazos.

Datos clave

Coste por expediente
9 €
Comisión voluntaria
6 % de los ingresos recaudados
Vigencia
4 años
Partes firmantes
José Zamora y Leonardo Romero

El acuerdo establece un coste fijo por cada expediente abierto que finalice con una liquidación favorable al ayuntamiento: nueve euros exactos. A esto se suma una comisión del seis por ciento sobre los ingresos obtenidos por la vía voluntaria, cifra que se verá incrementada con el recargo y los intereses de demora si el caso termina derivando en un proceso de recaudación ejecutiva.

La Agencia se encargará de comprobar declaraciones, notificar deudas, tramitar alegaciones y resolver los recursos de reposición que puedan surgir. El Ayuntamiento, por su parte, mantiene la potestad exclusiva de aprobar y modificar su ordenanza fiscal, aunque se compromete a comunicar cualquier cambio a la entidad provincial en un plazo máximo de diez días.

Para que todo fluya, se ha previsto la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por técnicos de ambas administraciones. Este grupo será el encargado de velar por que la información se transmita correctamente entre el padrón municipal y los sistemas de gestión de la APTH.

El convenio entra en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín y tendrá una vigencia inicial de cuatro años. Si el experimento sale bien, las partes pueden acordar su prórroga por periodos adicionales de hasta cuatro años más.

La transparencia está garantizada en papel. La Agencia remitirá mensualmente al consistorio un informe con el detalle de todos los movimientos, cargos y transferencias bancarias realizadas. Ya está todo firmado.

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