Azpeitia aprueba el reglamento de sus alojamientos de emergencia

Vivir en un alojamiento municipal de Azpeitia destinado a víctimas de violencia machista, situaciones de emergencia social o exclusión, conlleva desde ahora un nuevo marco de convivencia claro y detallado. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el reglamento que regirá estos espacios, con normas de conducta que van desde el uso de las instalaciones hasta la gestión de ausencias.

El documento establece un régimen disciplinario preciso para garantizar el buen uso de los recursos. Las sanciones se dividen según la gravedad de la falta: desde una simple advertencia verbal y hasta 200 € por infracciones leves, hasta multas de entre 601 € y 1.500 € por faltas muy graves. En casos severos, la administración puede incluso proceder a la expulsión de la vivienda y la pérdida de la condición de residente.

La norma prohíbe explícitamente la tenencia de armas, el consumo de drogas o el almacenamiento de materiales peligrosos en los alojamientos. Tampoco se permite el realquiler, la venta o la cesión de la vivienda, ni la tenencia de animales domésticos. Las zonas comunes son de uso exclusivo de los residentes, quienes deben mantenerlas limpias y evitar ruidos que alteren la tranquilidad del edificio.

La convivencia incluye obligaciones cotidianas, como informar al trabajador social con 24 horas de antelación si no se va a pernoctar en la vivienda, o comunicar cualquier ausencia voluntaria, que no puede exceder los 60 días al año. Las ausencias por hospitalización o motivos de salud cuentan con una reserva de plaza de hasta 3 meses.

El reglamento también impone una responsabilidad económica: cualquier reparación necesaria por mal uso de la vivienda correrá por cuenta del residente. Además, se debe comunicar en un plazo máximo de 15 días naturales cualquier cambio en los ingresos económicos o situación patrimonial que sirvió de base para obtener el alojamiento.

Las personas usuarias tienen derecho a un plan de atención personalizado que se revisará semestralmente para trabajar en su autonomía. Cualquier duda, sugerencia o reclamación puede canalizarse a través del trabajador social de referencia, quien supervisará el correcto funcionamiento del servicio.

El texto completo, que ya es efectivo, detalla finalmente los plazos de prescripción de las infracciones. Estas caducan a los 6 meses para las faltas leves, al año para las graves y a los dos años para las muy graves, contados siempre desde el momento en que se cometieron.