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Astigarraga toma prestado al interventor de Hernani para salir del apuro

El Ayuntamiento de Astigarraga se ha quedado sin interventor y ha tenido que recurrir a una solución de emergencia para no detener su gestión financiera. Han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Hernani para que su interventor, Aitor Sarasola, asuma las funciones de ambos municipios de forma temporal. Es un parche previsto por ley para durar un máximo de dos meses, mientras terminan de contratar a alguien de forma definitiva.

A veces, el día a día de un ayuntamiento depende de una pieza tan clave como poco glamurosa: el interventor. En Astigarraga andaban con el puesto de Intervención (clase segunda) huérfano y, tras varios intentos fallidos en concursos públicos y ofertas temporales que no cuajaron, han tenido que buscar una solución de emergencia. La jugada consiste en lo que en el mundillo llaman "acumulación de funciones", que básicamente es pedirle a un técnico de otro ayuntamiento que haga horas extra cubriendo ambos puestos.

Datos clave

En vigor
Desde el 18 de mayo
Plazo
Máximo de 2 meses
Qué hacer
Recurso de reposición en 1 mes o contencioso-administrativo en 2 meses

El anterior plan, que tenía a una interventora de Tolosa al frente, se ha ido al traste porque la propia interesada presentó su renuncia. Ante el apuro, el Ayuntamiento de Astigarraga no ha tenido más remedio que mirar a sus vecinos de Hernani y poner sus ojos en Aitor Sarasola Salaberria, el interventor titular de allí. El hombre ha dado su visto bueno, el Ayuntamiento de Hernani ha bendecido el acuerdo mediante decreto de alcaldía, y la Diputación Foral de Gipuzkoa ha firmado el permiso oficial este pasado 14 de mayo.

¿Por cuánto tiempo? La orden foral marca un plazo máximo de dos meses. Es un parche para ir tirando mientras resuelven el proceso selectivo para nombrar a un funcionario interino que se encargue del marrón de forma definitiva. Es decir, Sarasola va a estar haciendo doblete por un tiempo limitado, o al menos eso es lo que dicen los papeles.

Para los que se pregunten si esto es legal, la respuesta es sí, y además está todo muy bien atado bajo el Real Decreto 128/2018 y la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. No es la primera vez ni será la última que vemos estos malabarismos técnicos para que los números de un consistorio no se queden sin supervisión. Eso sí, los efectos de esta acumulación arrancan el 18 de mayo y tienen fecha de caducidad cercana.

Si alguien tiene alguna objeción, el boletín es claro: hay un mes para presentar un recurso de reposición ante la diputada foral o dos meses para ir directamente al contencioso-administrativo en Donosti. Dudamos mucho que alguien se tome la molestia de ir a los tribunales por una cuestión de gestión interna, pero ahí queda el derecho al pataleo. Antes de salir del txoko, toca recordar que la burocracia, cuando se queda sin personal, acaba tirando de la solidaridad entre municipios vecinos. Habrá que seguirle la pista hasta el próximo boletín.

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