Nuevos destinos para 29 trabajadores en Derechos Sociales
La Generalitat ha resuelto el concurso de traslado de su personal laboral fijo en el Departamento de Derechos Sociales. 29 trabajadores cambian de destino en septiembre.
El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha culminado su proceso de movilidad para el personal laboral fijo, y los movimientos en las plantillas se harán efectivos el 1 de septiembre de 2026. Tras meses de evaluación, la resolución definitiva asigna nuevos destinos a un total de 29 trabajadores que ocuparán plazas de camareros y limpiadores en diferentes centros de la Generalitat.
Datos clave
- Efectos
- 1 de septiembre de 2026
- Personal
- 29 trabajadores laborales fijos
- Puestos
- Camarero/a Limpiador/a (D2)
- Recurso
- 2 meses ante la Sección Social
La gran mayoría de los puestos adjudicados se concentra en residencias de personas mayores, con una fuerte presencia en Mataró y Terrassa. En Mataró, las nuevas incorporaciones incluyen a María Luisa Barril, Maria Jesus Belmonte, Montserrat Carmona, Merce Esteban, Maribel Garcia, Ma. Josefa Guerrero, Lucia Hernandez, Gracia Luque, Maria Pilar Perez, Elisabet Ramirez y Mª Jesus Sanchez. Terrassa también recibe refuerzos con María Pilar Buendia, Anna Carretero, Anna M. Lozano, Valentina Montoliu, Mª Merce Salas y Mª Angels Villegas.
El despliegue llega también a otros puntos del territorio. En Reus, Joana Cerrillo y Maria Teresa Gomez ocuparán sus respectivos destinos. Por otro lado, en Barcelona, la red de Casa del Mar suma al equipo a M. Angeles Marquez, Antonia Perez y Dolores Pinto. Finalmente, Monica Casanovas se incorpora a Tarragona y Maria Rosa More al equipamiento cívico de Berga.
El documento detalla también las excepciones. Siete plazas han quedado declaradas sin opción de destino por falta de adjudicatarios. Además, existe una situación pendiente con la plaza V-0012, que no podrá tomar posesión del puesto por no cumplir actualmente con los requisitos y condiciones exigidos en las bases de la convocatoria.
La resolución ya es firme en vía administrativa. Si alguna de las personas interesadas considera que sus intereses legítimos han sido vulnerados, el plazo para interponer demanda ante la Sección Social del Tribunal de Instancia es de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación oficial de este listado.
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