Generalitat y Localret invierten 508.516 € en la ventanilla digital
La Generalitat y el Consorcio Localret han firmado un convenio para modernizar la gestión administrativa municipal. El despliegue de la Ventanilla Única Empresarial busca eliminar duplicidades y agilizar trámites.
Digitalizar la relación entre el ciudadano y la administración es un objetivo que a veces suena a bucle infinito de formularios. La Generalitat y el Consorcio Localret han sellado un acuerdo para que esta vez sea diferente, centrándose específicamente en los ayuntamientos que no cuentan con el paraguas técnico de las diputaciones.
Datos clave
- Plazo
- 31 de diciembre de 2030
- Importe
- 508.516,01 €
- Distribución
- 330.145,41 € en 2026 y 178.370,60 € en 2027
- Fases
- 314.912,01 € (fase 1) y 172.567,40 € (fase 2)
El plan, bautizado bajo el despliegue de la Ventanilla Única Empresarial, cuenta con un presupuesto total de 508.516,01 €. La cifra se reparte en dos anualidades: 330.145,41 € para este 2026 y 178.370,60 € para 2027. El dinero busca que las empresas, desde la pequeña tienda hasta la consolidada, no tengan que aportar la misma información varias veces.
La primera fase se dirige a 276 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes o de complejidad baja. Aquí el objetivo es integrar sus herramientas de gestión actuales con el sistema de la Generalitat, permitiendo que los trámites se inicien y sigan desde el Área Privada de Canal Empresa. La dotación para esta fase asciende a 314.912,01 €.
La segunda etapa se reserva para los municipios de más de 20.000 habitantes, donde los sistemas de información son más complejos. Con una dotación estimada de 172.567,40 €, esta fase se activará una vez comprobados los resultados de la primera. Localret actuará como coordinador, asegurando que el despliegue no deje a ningún municipio atrás.
La tecnología debe funcionar.
El encargo también contempla 21.036,60 € destinados a los costes de gestión y coordinación técnica que asumirá el propio Localret. Todo el proceso está sujeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y se prolongará durante un periodo de dos años, con una fecha límite para las actuaciones fijada en el 31 de diciembre de 2030.
Los datos hablan de integración total: prellenado de formularios, tramitación unificada y seguimiento en tiempo real desde el móvil o el ordenador. La meta es eliminar los cuellos de botella que ralentizan el inicio o la ampliación de cualquier actividad económica en el territorio.
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