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Medio Ambiente y Energía·Boletín Bien de Castilla y León,

Burgos mejora el suministro eléctrico del polígono Gamonal-Villayuda

La Junta autoriza dos nuevas líneas eléctricas de alta tensión para reforzar la red en la zona este de Burgos. Las obras tienen un horizonte de ejecución de tres años.

El polígono industrial de Gamonal-Villayuda va a ganar músculo eléctrico en los próximos años. La Junta de Castilla y León acaba de dar luz verde a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes para construir dos nuevas líneas subterráneas que reforzarán el suministro en la zona este de la ciudad de Burgos.

Datos clave

Plazo ejecución
3 años desde la notificación
Empresa titular
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes
Infraestructura
2 líneas subterráneas de 45 kV
Ubicación
Desde S.T. Villimar hasta apoyo 149

El proyecto se centra en dos ramales de alta tensión, a 45 kilovoltios, que partirán de la subestación de Villimar para llegar hasta un apoyo concreto, el número 149, situado junto al sector urbanístico V2. Las líneas, bautizadas técnicamente como Villimar-Demanda I y Villimar-Demanda II, tendrán una longitud considerable: 3.967 metros para la primera y 4.010 metros para la segunda.

La empresa dispone ahora de un plazo de tres años para completar las obras. Una vez terminados los trabajos, será necesario comunicar el fin de la ejecución al Servicio Territorial para que se pueda realizar el reconocimiento definitivo y extender la autorización de explotación.

El despliegue incluye además la instalación de dos equipos telemandados, conocidos como OCR, en el apoyo existente número 149. Estos dispositivos permitirán gestionar la red a distancia.

Las partes aéreas de la instalación, aunque sean mínimas, deberán cumplir con las medidas de protección de la avifauna vigentes. La seguridad de las aves es clave. El proyecto ha contado con el visto bueno de Adif durante la tramitación, siendo esta la única entidad que presentó condiciones específicas al plan propuesto por la distribuidora.

La resolución firmada por María Dolores Velasco no agota la vía administrativa. Cualquier interesado que se sienta perjudicado por esta autorización dispone de un mes para interponer un recurso de alzada ante el Director General de Energía y Minas.

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