Villaverde de Íscar da luz verde a la ampliación de Avícola Iglesias
Avícola Iglesias ampliará su granja de pollos en Villaverde de Íscar. La declaración de impacto ambiental aprobada exige una gestión estricta de residuos en la zona vulnerable de los Arenales.
Villaverde de Íscar se prepara para un cambio en su paisaje avícola. Avícola Iglesias, la firma promotora del proyecto, ha recibido la declaración de impacto ambiental necesaria para ampliar su granja de pollos de carne, un movimiento que supondrá pasar de las dos naves actuales a un total de cuatro instalaciones. La ampliación, situada en el polígono 4, supone un incremento de capacidad que eleva el total a 192.000 plazas para pollos.
Datos clave
- Plazo
- 4 años para iniciar las obras
- Capacidad
- 192.000 plazas para pollos
- Gestión estiércol
- 70% mediante reducción de nitrógeno
- Consumo hídrico
- 9.619 metros cúbicos al año
El proyecto, que ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Política Ambiental tras meses de tramitación, se asienta sobre las parcelas 95, 97 y 98. La empresa maneja una estimación de consumo hídrico de 9.619 metros cúbicos al año para el conjunto de la explotación ampliada, una cifra que superaba el título de aprovechamiento de aguas que la Confederación Hidrográfica del Duero otorgó en 2021.
La ubicación no es baladí en términos ambientales. La granja se encuentra en la Zona Vulnerable de los Arenales, un área donde el control de nitratos es estricto y la gestión de deyecciones, obligatoria. La resolución impone a la empresa que al menos el 70 por ciento de su producción anual de estiércol se gestione mediante sistemas de reducción de nitrógeno, como la digestión anaeróbica, limitando el resto a la valorización agrícola tradicional.
Para el control de olores y posibles molestias a los vecinos de Villaverde de Íscar, situados a 800 metros, el proyecto incorpora biofiltros y un plan de desinfección estricto. La declaración exige además que las deyecciones se entierren en tierras de cultivo en un plazo máximo de 24 horas tras su esparcido, prohibiendo expresamente su aplicación en zonas forestales o en las franjas de seguridad junto a cauces y montes de utilidad pública.
La empresa tiene ahora cuatro años para iniciar las obras, so pena de que la declaración de impacto ambiental pierda toda vigencia. Durante el proceso, si apareciese algún resto arqueológico en el terreno, la paralización será inmediata. La Junta de Castilla y León mantendrá un control anual para verificar que las medidas correctoras se cumplen y que el agua subterránea no sufre el impacto de esta nueva capacidad ganadera.
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