Luz verde al parque fotovoltaico Lomo Gordo 4 en Gran Canaria
Ver las 22 ayudas abiertas en Canarias →El Gobierno regional autoriza la planta solar Lomo Gordo 4 pese a los informes negativos del Cabildo por su disconformidad con el planeamiento insular de Gran Canaria.
El Gobierno de Canarias ha dado luz verde definitiva a la instalación del parque fotovoltaico Lomo Gordo 4 en San Bartolomé de Tirajana. La infraestructura, promovida por Tinojai Renovables, contará con una potencia nominal de 2 MW y ocupará una parcela de 164.015 metros cuadrados en la zona de la montaña La Data.
Datos clave
- Potencia nominal
- 2 MW
- Inversión
- 1.498.459 €
- Producción estimada
- 5.616 MWh/año
- Ubicación
- San Bartolomé de Tirajana
El proyecto ha generado una notable fricción administrativa debido a su incompatibilidad con el planeamiento insular vigente en Gran Canaria. Tanto el Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras Energéticas como el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC22) señalaron de forma negativa la propuesta en los informes técnicos presentados el pasado septiembre.
El Ejecutivo regional ha superado este escollo recurriendo al procedimiento excepcional de interés general que permite la Ley del Sector Eléctrico Canario. Esta vía autoriza al Gobierno a acordar la ejecución del proyecto y a ordenar la adaptación del planeamiento urbanístico afectado para que el parque sea viable a todos los efectos.
La instalación sumará 4.266 módulos fotovoltaicos al sistema eléctrico de la isla, con una potencia pico total de 2.410 kWp. La energía generada, estimada en 5.616 MWh anuales, se evacuará mediante una línea subterránea de 1.907 metros de longitud hasta la subestación de Tablero.
El despliegue de esta planta supone una inversión de 1.498.459 euros. El Gobierno justifica esta medida urgente ante la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico insular marcada para 2040.
La resolución ya es firme en vía administrativa. Las entidades interesadas disponen ahora de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias o de dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia.
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