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Cabildo Insular de Gran Canaria·Boletín Bien de Canarias,

Luz verde al centro geriátrico de Ayagaures en San Bartolomé

El Cabildo de Gran Canaria aprueba el interés público de la residencia para mayores promovida por DOPESA en San Bartolomé de Tirajana, tras resolver una disputa por los terrenos.

El Cabildo de Gran Canaria ha dado luz verde al proyecto de un nuevo centro geriátrico en el barranco de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana. La institución insular ha declarado el interés público y social de esta iniciativa privada, que busca responder al déficit de plazas asistenciales para mayores en el municipio.

Datos clave

Plazas
96 residenciales
Empleos
32 puestos de trabajo
Promotor
Lorenzo Pérez Domínguez, S.L. DOPESA
Ubicación
Barranco de Ayagaures

El centro planea ofrecer 96 plazas residenciales, incluyendo un centro de día. Su construcción promete crear 32 puestos de trabajo y aprovechar una superficie rústica actualmente en estado de abandono, según consta en la documentación del expediente.

El camino hasta esta declaración no ha sido sencillo. Tras años de requerimientos de subsanación, el proyecto superó un obstáculo importante en abril de 2026 cuando se resolvió una controversia sobre la titularidad de parte de los terrenos afectados. Los propietarios colindantes que habían presentado alegaciones finalmente desistieron de ellas al alcanzar un acuerdo privado con la mercantil promotora, Lorenzo Pérez Domínguez, S.L. DOPESA.

El visto bueno del Cabildo está condicionado al cumplimiento de estrictas medidas de integración paisajística. La empresa debe justificar técnicamente el uso de materiales, colores y volúmenes, además de garantizar que las obras respeten la orografía del terreno sin ocupar zonas de alto valor agrícola o crestas.

El proyecto se asienta sobre suelo rústico común y, a pesar de su carácter excepcional, el Cabildo lo considera compatible con el Plan Insular de Ordenación. La administración insular deja claro que esta declaración no resuelve la propiedad de los terrenos: el promotor deberá acreditar la plena disponibilidad jurídica de la finca antes de obtener la licencia municipal de obras definitiva.

El procedimiento ha concluido con la resolución formal firmada por la consejera Inés Miranda.

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