Taradell delega en la Diputación la gestión y cobro de sus tributos

El Ayuntamiento de Taradell ha decidido poner orden en su recaudación y ha formalizado una delegación integral de competencias a favor de la Diputación de Barcelona. Este movimiento implica que será el Organismo de Gestión Tributaria (ORGT) quien pase a gestionar, inspeccionar y recaudar la mayor parte de los tributos e ingresos públicos municipales. La medida busca profesionalizar y unificar los procesos de cobro, desde el IBI hasta las tasas por vados, pasando por los servicios de cementerio o las licencias de urbanismo.

El acuerdo, ratificado por el pleno provincial el pasado 29 de octubre tras el visto bueno municipal de septiembre, es extenso y detallado. Abarca prácticamente toda la amalgama impositiva local: el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y las contribuciones especiales, entre otros. La Diputación no solo se encargará de cobrar, sino también de resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos, realizar comprobaciones tributarias y gestionar posibles sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

La delegación tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogables automáticamente de año en año si ninguna de las partes decide romper el acuerdo con al menos seis meses de antelación. Durante este tiempo, la Diputación pone a disposición del Ayuntamiento de Taradell sus herramientas informáticas, permitiendo que la administración local pueda consultar en tiempo real el estado de los padrones, gestionar cambios de titularidad o revisar declaraciones presentadas.

El pacto incluye además una cláusula de salvaguarda. El Ayuntamiento se reserva la potestad de realizar por sí mismo determinadas actuaciones singulares si circunstancias organizativas o técnicas lo hicieran necesario, sin que esto suponga una revocación automática de la delegación global. El servicio se financiará a través de la propia recaudación y las tasas correspondientes a cada actividad, manteniendo la estructura administrativa habitual bajo el paraguas del ORGT.

La seguridad de los datos ha sido uno de los puntos clave en la redacción del acuerdo. Ambas administraciones se comprometen a tratar la información personal bajo el Reglamento General de Protección de Datos europeo. El personal de la Diputación, así como el municipal, queda sujeto a estrictas normas de sigilo profesional, especialmente en lo relativo a datos tributarios. Los sistemas informáticos utilizados para el censo, el padrón o los registros de salud deberán estar alojados en servidores situados dentro de la Unión Europea.