Moià cierra los recursos contra la reparcelación de Montví de Baix
El Ayuntamiento de Moià desestima la mayor parte de las alegaciones vecinales contra el proyecto de reparcelación del PAU-1 en Montví de Baix y agota la vía administrativa.
El urbanismo en Moià nunca es una cuestión sencilla, y menos cuando se trata de transformar suelo en el sector Montví de Baix. El Ayuntamiento ha resuelto finalmente la larga lista de recursos interpuestos contra la operación jurídica complementaria del proyecto de reparcelación del PAU-1, una pieza clave para ordenar esta zona que lleva años acumulando papeleo y disputas legales.
Datos clave
- Plazo recurso
- 2 meses ante Juzgado Contencioso
- Afectados
- Propietarios en sector PAU-1 Montví
- Estado
- Resolución de 9 recursos administrativos
La Junta de Gobierno local decidió el pasado 9 de septiembre desestimar la gran mayoría de las quejas presentadas por los propietarios afectados. En total, siete expedientes fueron rechazados al considerarse sus argumentos insuficientes, aunque el consistorio ha admitido a trámite una parte mínima de las alegaciones referentes a la impugnación indirecta de los planes de urbanización y el Plan General de Ordenación Urbana.
Los recursos desestimados corresponden a propietarios de fincas situadas en calles como Abat Escarré, Santa Elena y la avenida Lluís Companys. Estos vecinos, identificados en el expediente, tienen ahora vía libre para acudir a la justicia ordinaria si desean mantener su disputa contra el Ayuntamiento.
Por otro lado, otros dos recursos han sido directamente inadmitidos por presentarse fuera de plazo. Otros dos casos se cierran así por una cuestión puramente temporal, al haber superado los límites legales para realizar las reclamaciones.
El alcalde, Dionís Guiteras, ha recibido luz verde para firmar toda la documentación necesaria que permita inscribir este proyecto en el Registro de la Propiedad de Manresa. Este paso es el punto y final administrativo para una fase que ha mantenido en vilo a los vecinos de este sector.
La vía administrativa queda así agotada tras esta resolución. Cualquier persona interesada en impugnar este acuerdo dispone ahora de un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Barcelona, contando desde el día siguiente a recibir su notificación individual.
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