El soterramiento de la línea eléctrica en Pedro Bernardo sigue adelante
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes proyecta soterrar la línea de 15 kV en Pedro Bernardo. Los afectados disponen de un plazo para presentar alegaciones.
Los vecinos de Pedro Bernardo verán próximamente cómo parte de su tendido eléctrico aéreo desaparece para enterrarse bajo tierra. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes ha solicitado la autorización para modificar varios tramos de la línea de 15 kV que conecta Casavieja y Lanzahíta, un proyecto que busca sustituir el cableado actual por una nueva red subterránea que discurrirá por la travesía de la carretera AV-922, la calle San Sebastián y la calle Fuente Nueva.
Datos clave
- Plazo
- 30 días hábiles
- Importe
- 86.388,66 €
- Qué hacer
- Examinar el expediente en oficinas de Industria o web de la Junta
- Proyecto
- Soterramiento de línea de 15 kV
El proyecto cuenta con un presupuesto de 86.388,66 euros y conlleva una serie de expropiaciones forzosas en fincas particulares y terrenos municipales. La declaración de utilidad pública del proyecto permite a la compañía eléctrica ocupar los bienes necesarios de forma urgente.
Cualquier persona que se considere afectada por esta ocupación de terrenos tiene un plazo de 30 días hábiles para examinar el expediente completo. El trámite puede realizarse en las oficinas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, situadas en la calle Duque de Alba número 6 de Ávila, o a través de la página web de la Junta de Castilla y León dedicada a información pública en materia de energía.
La relación de afectados incluye tanto a propietarios privados como al propio Ayuntamiento de Pedro Bernardo. Los propietarios que no han llegado a un acuerdo previo con la empresa figuran en el anexo oficial con el detalle de los metros cuadrados de ocupación permanente y temporal que requieren las obras.
Los trabajos consisten en dos nuevas líneas subterráneas, una de 83 metros y otra de 782 metros, además del desmontaje de varios apoyos eléctricos antiguos en la zona. El jefe del servicio, Roberto Barroso, firma la resolución que abre este periodo de alegaciones para que los titulares de los bienes afectados puedan defender sus intereses si lo consideran oportuno.
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