Se busca secretario de alto cargo para Desarrollo Rural en Zaragoza
Ver las 41 oposiciones abiertas en Aragón →Si eres funcionario de la Administración de Aragón, tienes quince días hábiles para optar a este puesto en el Departamento de Agricultura con un complemento de 11.401,20 euros.
El Gobierno de Aragón busca un nuevo secretario de alto cargo para su Dirección General de Desarrollo Rural en Zaragoza. Se trata de un puesto de libre designación, un sistema donde la confianza técnica y profesional decide quién ocupa finalmente la silla, dentro de un proceso abierto a los funcionarios autonómicos que cumplan con el perfil solicitado.
Datos clave
Cierra en 18 días- Plazo
- Hasta el 16 de noviembre de 2026
- Beneficiario
- Funcionarios grupos C1/C2 de Aragón
- Complemento
- 11.401,20 €
- Cómo solicitar
- Registro del Gobierno de Aragón
El cargo tiene una retribución marcada por un complemento específico de 11.401,20 euros anuales, además del salario base correspondiente a un nivel 16. Los interesados deben pertenecer a las escalas administrativa o auxiliar administrativa y contar con la titulación del grupo C1 o C2 para poder optar a la plaza.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles. Tienes hasta el 16 de noviembre para enviar tu currículum y la documentación acreditativa a través de las unidades de registro del Ejecutivo autonómico o cualquiera de los medios legales previstos.
Cada aspirante debe agrupar su documentación en un único código CSV si elige la vía telemática. Esta medida busca facilitar la gestión de los expedientes electrónicos y agilizar el proceso de revisión de méritos.
Las funciones están ligadas a la gestión diaria del alto cargo del departamento. El puesto no implica una plaza de carrera por oposición, sino un encargo de confianza que puede ser desempeñado por quien reúna los requisitos académicos y de escala.
La resolución ya es firme. Los interesados disponen de un mes para presentar recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública si consideran que las bases contravienen la normativa vigente.
La decisión queda ahora en manos de la Dirección General de la Función Pública. El proceso exige rigor.
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